¿O dispuestos, o resignados, o Dánae-Tizianescamente ofrecidos? Porque en los próximos tiempos los asturianos vamos a ser víctimas de una gran estafa.
Como ustedes persaben —dicho sea en nuestra lengua— en esta legislatura se ha puesto en marcha una secuencia de reformas estatutarias, cuyas características son, al menos, tres: es un proceso desorganizado, por lo que no habrá forma de casar entre sí todas las propuestas en el marco de una legislación común; es un proceso en el que las decisiones de unas comunidades inciden sobre los derechos de otras; finalmente, se han aumentado las desigualdades políticas entre comunidades y ciudadanos: Cataluña, en concreto, se ha convertido en un una especie de estado cuasi confederal, y avanza hacia un modelo financiero semejante al navarro y al vasco.
Por otra parte, es de sobra conocido que ni PSOE ni PP han tenido nunca un gran interés por la autonomía asturiana (no por el negocio y los empleos que para cabezaleros, afines y “clientela” representa, por supuesto), y que su continuo proceder al respecto ha sido el de actuar sumisamente a las órdenes de Madrid; ambos además, y hasta ahora, al alimón. Como hemos recordado alguna vez, el vasallaje ha sido tan esperpéntico que fue la misma mano la que, en la última reforma estatutaria, manuscribió las “capaduras” que la propuesta de Asturies recibió, en el registro de las Cortes, en separados e idénticos textos del PP y del PSOE.
¿Es tan así? Veámoslo de otra forma. Desde la reforma de 1994, la competencia sobre ríos y cuencas hidrográficas, así como la de trenes intracomunitarios, están incluidas en el artículo 10.1 del Estatuto. Ello quiere decir que el PSOE —que gobernó en Asturies desde 1983 a 1995— no se acordó de hacer efectivas esas competencias durante los años 1994 y 1995, cuando ellos eran gobierno en Madrid y aquí, ni lo hizo en los años 2004, 2005 o 2006, años en que vuelven coincidir ambos gobiernos. Tampoco dijo ni pío al respecto el PP, si acaso emitió leves gorjeos sobre la inconveniencia de hacerlas efectivas. Por resumir: una historia minuciosa de las renuncias de PSOE y PP a defender Asturies y sus intereses constituiría un relato tan prolijo como vergonzoso de su escasa vocación autonomista.
De modo que el nuevo estatuto tendrá un tímido alcance competencial y estará sometido al lecho de Procusto de las órdenes de Madrid, en el que con tanto placer encurrinen PP y PSOE. Toda su batalla se limitará a proclamar que ellos no entran en cuestiones identitarias, teniéndolas por auténtica gilipollez o por cosa de memos. Al mismo tiempo, les querrán hacer ver que su escasa demanda autonomista se debe a la solidaridad con el resto de España, a nuestra condición básica de españoles, a la voluntad de igualdad entre todos los ciudadanos del Estado, a la huida de “nefastos” particularismos. Los estarán engañando y mintiendo. Les ocultarán que en todos esos particularismos (o “memeces” o “gilipolleces”), incluidas las cuestiones lingüísticas, han entrado en las Baleares, Aragón, Andalucía, Valencia y Cataluña, los estatutos ya cerrados, y entrarán en los demás. Los estafarán con la igualdad, la solidaridad y la españolidad, porque no se ve muy bien por qué nuestra aportación, la de los asturianos, a todo ello haya de ser la de conformarnos con ser menos en materias competenciales, identitarias, económicas, políticas o lingüísticas. Se conoce que los demás no son españoles, o que, siéndolo ellos, nosotros lo somos de cualidad inferior, buenos para sostenerlos sobre nuestro llombu, pero no para estar a su altura.
Hay que recordar, por otro lado, que salvo en el estatuto catalán, apoyado sólo por el PSOE, ambos partidos se han puesto de acuerdo en los demás, esto es, en dar a otras comunidades y ciudadanos mucho de lo que a ustedes, como asturianos, les van a negar.
Pero es que, además, una parte muy importante de la estafa ya se ha consumado, pues, efectivamente, para los próximos siete años, sólo para Cataluña se ha comprometido el 18,8% de las inversiones totales del Estado y otro 18% para Andalucía, lo que representa un 36,8%; a lo que habría que añadir varios sumandos de más difícil precisión acordados en los estatutos de Baleares y Valencia, con lo que ese monto total comprometido se aproximaría —según algunas estimaciones— al 48 o 49 %. En todo caso, PSOE sólo o PP y PSOE conjuntamente han decidido entregar el 36,8% de las inversiones a sólo dos comunidades. Naturalmente, las víctimas de esa minusvaloración son los demás, entre los que nos encontramos los asturianos, esto es, nosotros.
¿Se atreverán a hacerlo? se preguntarán algunos de ustedes. ¿Osarán ir contra los intereses, no sólo de los asturianos en general, sino de los 500.706 ciudadanos que depositaron su confianza en ellos en las últimas elecciones autonómicas? Yo no tengo duda alguna. Es más, puede que hayan pensado que, puesto que todo lo contado aquí arriba sobre ideología, carácter y actos era, sobre inveterado, público y notorio, ese 79,6 % de los votos representaba un aval explícito para la estafa ya en parte consumada.
Nota bene: Todo este caótico proceso de privilegios y desigualdades políticas y económicas ha contado con la participación IU. Entusiástica, por cierto.
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