El PSOE defiende en el Congreso el derecho cívico a la lengua propia(menos para llingua)
«El bilingüismo se está instalando de una manera natural, de una manera que va progresando hasta llegar a un proceso integral», «¿Qué es la libertad en el terreno de las políticas lingüísticas? Algo muy sencillo, que cada ciudadano tiene la libertad de elegir y el derecho de usar el idioma oficial que le plazca».
Éstas son dos de las afirmaciones que se recogen en la propuesta sobre pluralismo lingüístico y oficialidad que los diputados del PSOE Ramón Jáuregui y Meritxel Baet defendieron el pasado día 7 en el Congreso de los Diputados.
La Xunta pola Defensa de la Llingua subraya, en una nota enviada a LA NUEVA ESPAÑA, la «doble moral» de la Federación Socialista Asturiana, que en el Principado iguala oficialidad a imposición u obligatoriedad.
La propuesta socialista no tiene desperdicio si se la compara con las declaraciones efectuadas en Asturias por destacados miembros socialistas como Javier Fernández, secretario general de la FSA, y Ana Rosa Migoya, consejera de Cultura y portavoz del Gobierno regional.
El texto defendido en el Parlamento dice, entre otras cuestiones: «Hoy, las políticas lingüísticas no exigen forzar a nadie con los idiomas, ni imponer uno sobre otro ni sancionar, ni perseguir ninguna conducta lingüística. Eso no es justo, porque vulnera derechos, ni es bueno, porque provoca rechazos».
Éstas son dos de las afirmaciones que se recogen en la propuesta sobre pluralismo lingüístico y oficialidad que los diputados del PSOE Ramón Jáuregui y Meritxel Baet defendieron el pasado día 7 en el Congreso de los Diputados.
La Xunta pola Defensa de la Llingua subraya, en una nota enviada a LA NUEVA ESPAÑA, la «doble moral» de la Federación Socialista Asturiana, que en el Principado iguala oficialidad a imposición u obligatoriedad.
La propuesta socialista no tiene desperdicio si se la compara con las declaraciones efectuadas en Asturias por destacados miembros socialistas como Javier Fernández, secretario general de la FSA, y Ana Rosa Migoya, consejera de Cultura y portavoz del Gobierno regional.
El texto defendido en el Parlamento dice, entre otras cuestiones: «Hoy, las políticas lingüísticas no exigen forzar a nadie con los idiomas, ni imponer uno sobre otro ni sancionar, ni perseguir ninguna conducta lingüística. Eso no es justo, porque vulnera derechos, ni es bueno, porque provoca rechazos».
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