Asturies perdería 355 millones al añu si generalizase el modelu del Estatut(Y ARECES DIZ QUE YE BONU P´ASTURIES???)

El Principado se quedaría sin casi la mitad del gasto del Estado si la inversión se relaciona con el PIB regional
Asturias perdería cerca de 355 millones de euros anuales durante los próximos años en concepto de inversiones del Estado si el modelo financiero pactado por el Gobierno central con Cataluña en el Estatut se extiende a todas las comunidades autónomas españolas. En la reforma estatutaria, el Ejecutivo central acepta que, en los últimos tiempos, ha habido un déficit de inversión en infraestructuras en Cataluña por parte de la Administración central y establece un fondo destinado a obras para esa comunidad.

Con la inclusión de esta disposición adicional en su Estatuto, los catalanes han logrado dos de sus pretensiones fundamentales: que la inversión estatal en infraestructuras esté relacionada con el PIB catalán y que se busque compensación por las «pérdidas» producidas por el actual sistema financiero, a lo que hay que sumar el aumento de su capacidad fiscal.

Así, para corregir el «desfase» catalán, el Gobierno de la nación se compromete, en el nuevo pacto estatutario, a invertir en Cataluña una cantidad anual equivalente al peso de la economía catalana en el conjunto de España. La aplicación de esos recursos la puede acometer o bien directamente la Administración central, o bien la propia comunidad autónoma, pero previa aportación del dinero por parte del Ejecutivo estatal, y previsiblemente se empleará para rescatar peajes, fundamentalmente, en las áreas metropolitanas.

En 2005, los catalanes aportaron el 18,8 por ciento del producto interior bruto (PIB) nacional, frente al 14,6 por ciento que representaron las inversiones estatales en esa comunidad. Igualar ambos porcentajes supondría incrementar los recursos que Cataluña recibe del Estado en 833,8 millones, una cantidad superior a lo que recibe Asturias en un año.

El problema de esa transferencia de las arcas públicas estatales a Cataluña radica en que el resto de las autonomías verán cómo los fondos necesarios para compensar a los catalanes saldrán de sus propias arcas y su capacidad de maniobra disminuirá: si los ingresos de las comunidades más prósperas se incrementan, los de las menos favorecidas, necesariamente, disminuirán. Galicia, por ejemplo, ya ha reclamado un 8 por ciento del «pastel», una cifra tres puntos superior a su contribución al PIB nacional, ya que la comunidad vecina defiende que las inversiones no estén ligadas al producto interior bruto, como sucede en el modelo catalán, sino a otros criterios como los déficit estructurales o la población.

Es cierto que Cataluña presenta un déficit de inversiones si se mide en esos términos, pero no es menos cierto que la situación se repite en Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra o el País Vasco, comunidades que lideran, asimismo, el ranking de riqueza. Si el Estado dota de más recursos a esas autonomías -vinculados a sus aportaciones a la economía nacional- que a las menos ricas, supondría obtener el aumento de las comunidades que, como el Principado, reciben menos inversiones, aunque superiores a su PIB. Asturias, el año pasado, apenas representó el 2,2 por ciento del PIB nacional, mientras que logró el 4,17 por ciento de las inversiones totales del Estado: 789,55 millones de euros, 354,7 más de lo que, según Cataluña, le correspondería para evitar agravios comparativos.
El esfuerzo derivado de esta promesa del Ejecutivo no será el único para las arcas regionales. La aplicación del proyecto de Estatut exige, además, que se abone el déficit fiscal que mantendría Cataluña por su desembolso al resto de España, un trasvase de fondos que también resultaría desigual y en el que las comunidades más pobres también serán las más castigadas, debido a que son ellas las que más dependen de los fondos de solidaridad creados por el Gobierno central.

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